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Modernizar las empresas en México requiere imperativamente del crecimiento interno del país, región por región, desde lo local hasta lo Nacional. De ahí que el Presupuesto de Egresos 2026 deba garantizar un desarrollo regional progresivo y, al mismo tiempo, advertir los riesgos que existen en pilares esenciales como lo ha sido el apoyo a las MiPymes, que visiblemente no están en la mente de esta administración, como tampoco lo estuvieron en la anterior.
Si bien es cierto que se ha pronosticado un crecimiento de hasta 2.8% del PIB -en la estimación más generosa-, resulta ilusorio pensar que haya avances en temas sociales fundamentales fuera de esta realidad numérica, tales como educación, salud y seguridad, principalmente.
El Gobierno debe velar por el bien común y por ello se espera que, en virtud de esos ingresos estimados, la inversión pública sea la “inversión semilla” que detone la inversión privada, dinamice la economía y genere prosperidad para la población y sus familias.
La inversión pública debería aplicarse al mantenimiento de la infraestructura ya establecida, así como también a nuevas vías de comunicación que faciliten la movilidad de las personas y las mercancías, como carreteras, puertos, conectividad, certeza jurídica, infraestructura hídrica, almacenamiento, conservación y distribución de agua, por ejemplo. Sin embargo, enfrentamos problemas en la fluidez y escasez porque no hay recursos suficientes y los que existen se están dedicando a magnas obras sin un análisis de costo-beneficio social. Ese es el panorama que empaña el optimismo.
El actual Gobierno, aun contando con recursos para 2026, difícilmente podrá realizar una inversión lo suficientemente prometedora para catapultar a nuestra Nación, ya que estará pagando deudas anteriores y asignando los pocos recursos disponibles a unos cuantos proyectos, muchas veces a capricho y sin un análisis previo. Esto seguirá frenando el crecimiento de las regiones y del país en general.
Desafortunadamente, las zonas más pobres de México decrecen, mientras que las de mayores oportunidades crecen, dejando atrás y en desventaja a quienes más lo necesitan. No se ha comprendido que las MiPymes generan el 70% del empleo nacional y que son el principal motor para detonar rápidamente la actividad económica y, por consecuencia, el crecimiento.
En lugar de fortalecerlas, se ha optado por incrementar los salarios de manera riesgosa, sin complementarlo con medidas de productividad que permitan a las MiPymes absorber el aumento de costos. Esto ha provocado que la economía mexicana se desplace hacia la informalidad, como una estrategia de supervivencia ante el incremento de los gastos.
Por eso, ante la falta de políticas públicas adecuadas para impulsar la competitividad y la inversión local, las MiPymes se encuentran en una posición de vulnerabilidad, obligadas a buscar soluciones, mejorar las cadenas de valor y encontrar alianzas por iniciativa propia, con el fin de mantener productivos sus emprendimientos.
La política pública dirigida a las pequeñas empresas ha desaparecido en México, sobre todo para los emprendedores. No hay quién los impulse ni existen garantías para ellos. Además, el gobierno ha abandonado el impulso a la Mejora Regulatoria y la digitalización de los procesos municipales y estatales, los cuales, en muchos casos, han retrocedido complicando más la operación de las pequeñas empresas. Dificultan tanto los trámites y permisos necesarios para operar que obstaculizan las operaciones que se tienen que cumplir, provocando mayores obstáculos que incrementan los costos por tiempo y por corrupción.
Por ello, es indispensable sentarse a dialogar con las autoridades para buscar esquemas que renueven el emprendimiento, así como conversar con diputados y senadores para establecer, en una comprensión mutua, que el pequeño empresario es un eslabón fundamental en los esquemas de crecimiento global de nuestra Nación. Impulsar a las MiPymes, significa también impulsar el empleo y la actividad económica desde los municipios, hasta el grueso de los Estados, generando un efecto en cadena a nivel nacional.
Insisto: la mejor política pública para combatir la pobreza es generar opciones de empleo de largo plazo, estables, donde las personas tengan la oportunidad de superarse y prosperar. Por eso deben emprenderse acciones para combatir la pobreza en las zonas más olvidadas y en los municipios donde existe contacto directo con los emprendedores y pequeños empresarios, llevando oportunidades laborales, educativas y los servicios públicos necesarios para brindar condiciones de una vida digna a todos los ciudadanos.
La iniciativa local ha sido olvidada y urge impulsarla mediante medidas que faciliten la gestión de los pequeños emprendedores mexicanos. Entonces, si realmente queremos ver un México moderno y en crecimiento, debemos ejercer un presupuesto real, con un enfoque urgente que priorice la necesidad de apoyar a los pequeños emprendedores y a las medianas empresas, que desde hace mucho tiempo requieren atención y fortalecimiento.